Nacional

PROPUESTA DE TRABAJO POR LA PAZ SOCIAL Y EL PROGRESO EN LA ARAUCANÍA Y LA PROVINCIA DE ARAUCO

CPC Confederación de la Producción y del Comercio

I. QUIÉNES SOMOS Y QUÉ NOS MUEVE

Conscientes y preocupados de la cada día más crítica situación que vive la macrozona sur,
en particular, la Región de La Araucanía y la Provincia de Arauco, en septiembre de 2020,
empresarios de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y de sus seis
Ramas (SNA, CNC, Sonami, Sofofa, CChC, Abif), participamos en un diálogo abierto y
constructivo con actores sociales y políticos de la Región de La Araucanía: Intendente de
la Novena Región, Fiscal Regional, Obispo de la Diócesis de Temuco, Consejo de Lonkos,
Multigremial de La Araucanía, Fundación Aitué, CorpAracanía, Enama, Consejo Regional
de Pastores, Asociaciones de Víctimas, Parlamento Autónomo Mapuche, Senadores y
Diputados. Nuestro propósito: co-construir una visión y propuestas comunes para avanzar
en la solución de los complejos problemas que enfrentan desde hace décadas los
habitantes de esta tierra, con foco en el restablecimiento de la convivencia pacífica y el
Estado de Derecho.
Durante estos encuentros que se llevaron a cabo en la misma región, tuvimos la oportunidad
de escuchar directamente los puntos de vista, sueños, dolores, necesidades y
proposiciones de cada uno de los actores del mundo público y privado que, desde su ámbito
de acción, son protagonistas de lo que hoy ocurre en La Araucanía y la Provincia de Arauco.
En un clima de permanente incertidumbre, amenaza y temor, enfrentan día a día un
gravísimo escenario de violencia con atentados contra la propiedad privada y pública;
usurpación de tierras; ataques incendiarios contra camioneros, pequeños y medianos
agricultores, comerciantes y empresarios de todos los orígenes; quema de faenas
forestales; terrorismo y delincuencia rural; decomisos de drogas; hallazgos de municiones
de guerra y disparos con resultado de muerte.
Con la información recogida, los representantes de la CPC y sus Ramas presentamos a las
autoridades del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo nuestros planteamientos y el firme
compromiso de ponernos a su disposición para trabajar en conjunto en soluciones
concretas y efectivas que permitan recuperar la paz, la seguridad y la dignidad de las
chilenas y chilenos que hoy se encuentran desolados, a causa de la violencia, del abandono
y falta de eficacia por parte de un Estado que por años no ha logrado garantizarles el
derecho básico de vivir en paz y sin miedo.
Frente a esta realidad, instamos a los Poderes del Estado y a todos los sectores políticos a
actuar con la mayor decisión, para apoyar y validar el rol que legítimamente cumplen las
Fuerzas de Orden y Seguridad consistente en garantizar el Estado de Derecho propio de
una democracia.
En enero de 2021, volvimos a La Araucanía para reencontrarnos con los representantes de
las organizaciones de la sociedad civil y acordar entre todos el camino a seguir, conscientes
de que las soluciones deben desarrollarse desde las regiones y sus habitantes.
De esta manera, diversos actores del mundo privado de la región y el país elaboramos una
propuesta de trabajo integral que ponemos a disposición de la sociedad y del Estado
de Chile, movidos por la convicción que todos debemos aportar en forma urgente,
responsable y generosa al progreso y la paz social en La Araucanía y la Provincia de
Arauco, a través de un diálogo fecundo.
Como sector privado, nos sentimos llamados a tener un rol activo en la construcción
de un mejor país, al servicio de las personas, con una mirada de bien común en un
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ambiente de paz y respeto. Desde allí, queremos colaborar con humildad en la construcción de una política de Estado para La Araucanía y Arauco, donde la
sociedad civil sea garante de su continuidad y permanencia en el tiempo.
Con este trabajo colaborativo, no pretendemos en absoluto agotar los temas, ni menos
pensar que tenemos la última palabra sobre ellos. Seguiremos dialogando en el territorio,
para incorporar más propuestas que surjan de sus habitantes, buscando ser un aporte más
en el ineludible diálogo y consiguiente plan de acción, que esperamos vayan devolviendo a
nuestros compatriotas la confianza y la esperanza de una vida mejor.
II. CÓMO VEMOS LA REALIDAD DE LA ARAUCANÍA

Y PROVINCIA DE ARAUCO
Una región de extraordinaria riqueza cultural y geográfica, con enormes oportunidades en
sectores como turismo, agroindustria, forestal, ganadería, energía renovable y capital
humano. Habitada por chilenos y chilenas, mapuches y no mapuches; personas de
esfuerzo y buena voluntad que sueñan con un mejor vivir. La Araucanía tiene todo el
potencial para ser una tierra de oportunidades de progreso y bienestar para quienes la
habitan. Pero hoy esto no es posible. No se dan las condiciones, no existen las garantías
mínimas de seguridad y abunda la desesperanza.
Creemos que la compleja situación que atraviesa la macrozona sur tiene sus raíces en la
deuda que el Estado de Chile y la sociedad tienen con estos territorios, donde se vive una
realidad que es especial y única en el país: la presencia de diferentes culturas y etnias,
compartiendo un mismo espacio, que desean encontrar la manera de convivir mejor y que
el bienestar llegue a todos. A lo largo de décadas, un conjunto de elementos políticos,
sociales, culturales, jurídicos, económicos y de seguridad se han ido entrelazando para
generar una realidad compleja y multidimensional, que debe ser abordada en forma
separada de la violencia y del erróneamente llamado “conflicto mapuche”.
A esta característica peculiar se une actualmente una desmejorada situación socioeconómica de la zona. Las estadísticas regionales de La Araucanía muestran tasas de
pobreza, niveles de educación y productividad por debajo del promedio nacional,
evidenciando un rezago en relación a otras regiones del país. Un 17,2% de la población de
La Araucanía se encuentra en situación de pobreza por ingresos (versus 8,6% promedio
país); y un 28,5% vive en situación de pobreza multidimensional.1 Un 71% de la población
rural de La Araucanía no tiene agua potable (CASEN). En este contexto, grupos
violentistas, delincuentes y narcotraficantes -mapuches y no mapuches- se han
aprovechado de las circunstancias para cometer graves ilícitos que tienen a la zona
viviendo bajo una inaceptable situación de inseguridad y de falta de Estado de Derecho.
Esto genera un clima de aún mayor incertidumbre e inestabilidad que socava la confianza,
con todos los efectos negativos que ello trae en las personas y en la economía.
Frente a esta realidad, desde los años 90, cada gobierno ha realizado esfuerzos para
generar políticas públicas que apunten a resolver los múltiples problemas que afectan a los
pueblos originarios2
, entre los que los mapuches constituyen mayoría. Desde los Acuerdos
de Nueva Imperial en 1989; la creación de comisiones especiales en la década del 90 y
1 https://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/storage/docs/Informe_de_Desarrollo_Social_2019.pdf
2 https://www.cepchile.cl/cep/site/docs/20190510/20190510154725/rev153_ianinat_ahernando.pdf
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2000; hasta el Plan Araucanía, la Comisión del Obispo Héctor Vargas y el Acuerdo Nacional
por La Araucanía, establecidos en los últimos diez años, todos los diagnósticos apuntan a
que el Estado de Chile ha postergado a esta tierra y su gente en muchos ámbitos, siendo
los principales: las cuestiones pendientes de tierras con el pueblo mapuche; la situación
dramática de las víctimas de la violencia; el insuficiente reconocimiento de la cultura e
historia de los pueblos; y los preocupantes indicadores socio-económicos.
Valoramos los esfuerzos realizados y la multiplicidad de iniciativas que han intentado
avanzar en estos temas, ya sea por parte del Estado como de los distintos sectores de la
sociedad civil organizada. Sin embargo, estas políticas han tenido resultados limitados, a
veces contraproducentes, y no alcanzan los objetivos para los que fueron formuladas.
Los graves hechos ocurridos que se han profundizado en los últimos meses,
evidencian una nueva forma de actuar y una mayor complejidad en la organización
de quienes los llevan a cabo. Confirman que en la zona operan organizaciones
criminales con poder de fuego que se dedican al tráfico de drogas, a la compra ilegal
de armas, al robo de madera y al abigeato, todo lo cual dista de las aspiraciones del
pueblo mapuche y es protagonizado por minorías que operan fuera del marco de la
ley.
El Estado de Chile es el responsable de restablecer el imperio de la ley en los
territorios y de garantizar paz social y seguridad, condiciones mínimas habilitantes
para la vida en sociedad y para los relevantes procesos que tendrán lugar en nuestro
país en los próximos meses y años: la discusión constitucional y la recuperación
económica y social.
En particular, el proceso constituyente hoy en curso nos entrega una oportunidad para
iniciar un camino de cambios que habiliten políticas públicas que son urgentes y avanzar
en múltiples medidas de carácter cultural, productivo y legislativo. Entre ellas y, en primer
lugar, es necesario reconocer constitucionalmente a nuestros pueblos originarios y
otorgarles consensuadas garantías básicas de protección a sus derechos. A casi 30 años
desde su dictación, la llamada Ley Indígena (1993) requiere una revisión urgente, pues,
entre muchos problemas, no ha permitido incentivar el desarrollo territorial y ha contribuido
además al agravamiento de los conflictos de tierras. Por una parte, no se justifica que las
tierras de calidad indígena (incluyendo las adquiridas con recursos de Conadi) tengan
restricciones y prohibiciones que limitan severamente sus oportunidades de desarrollo y les
impiden insertarse en el mundo productivo correctamente, con obvias consecuencias
negativas. Por otra parte, la Ley Indígena que faculta a Conadi para “financiar mecanismos
que permitan solucionar los problemas de tierras”, ha llevado en algunos casos al uso de la
violencia y a discrecionalidad en la designación de las comunidades que son elegibles para
la compra de tierras por esta vía, generando numerosos problemas que se vienen
arrastrando desde los inicios de dicha ley.
El Convenio 169 de la OIT, que entró en vigencia en nuestro país en 2009 y establece –
entre otros aspectos- el derecho a consulta de los pueblos indígenas respecto de medidas
que puedan afectarlos directamente, también ha resultado ser una normativa de difícil
aplicación, que ha dado pie a una intensa judicialización, dejando en evidencia la necesidad
de realizar mejoras en las normas que regulan su aplicación, de manera de dar certeza a
todos los actores involucrados.
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También urge avanzar en la reparación de las víctimas; en acciones para preservar la
cultura y cosmovisión de los pueblos originarios; y en el camino hacia el desarrollo integral.
Los expertos coinciden en que los programas que hoy constituyen una supuesta política
indígena, se caracterizan por la poca efectividad, la dispersión y la incoherencia entre ellos.
En definitiva, desde el retorno de la democracia muchas promesas se encuentran
incumplidas o deficientemente aplicadas en La Araucanía y los chilenos que ahí
habitan no pueden esperar más. Es importante reconocer que estamos ante una cuestión
que es esencialmente política -de responsabilidad de los distintos Poderes del Estado- y
que requiere ser abordada como tal. Tenemos que resolver en paz las diferencias y avanzar
en una política de Estado para la zona que permita a todos convivir respetando esas
diferencias.
Erradicar la violencia en todas sus formas debe constituir un compromiso robusto
de cada uno de los actores sociales, sin excepción. Ningún tipo de demanda o
reivindicación, por legítima que ella se estime, justifica acciones que atenten contra
la integridad de las personas, sus derechos, sus bienes, el orden público y el bien
común. La violencia, venga de donde venga, vulnera derechos humanos
fundamentales y, por ello, debe ser rechazada sin matices y sancionada con el
máximo rigor de la ley.
La extrema gravedad de los hechos ocurridos las últimas semanas, deja en evidencia
que afrontar con fuerza y convicción la violencia, el terrorismo, el narcotráfico y la
delincuencia, hoy constituye un imperativo ético que no admite contextualización,
antes de entrar a un peligroso camino sin retorno.
Para ello, se requiere la concurrencia de toda la sociedad y, en especial, la firme
voluntad política de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Adherimos a la
necesidad de un pacto político, cultural, social y económico, que nos permita
enfrentar la situación de manera urgente y con soluciones efectivas, donde cada uno
asuma el rol que le corresponde. Como representantes del mundo privado
comprometidos con el bien de la sociedad, presentamos aquí un conjunto de
acciones concretas y nos ponemos a disposición de la región para seguir
colaborando en el trabajo que debiera enriquecerse y liderarse desde los propios
territorios.
III. QUÉ PROPONEMOS
La Propuesta de Trabajo por la Paz Social y el Progreso en La Araucanía y la Provincia
de Arauco que co-construimos los actores del mundo privado en diálogo con la sociedad
civil de la región, se enfoca en cuatro ámbitos que debieran impulsarse en forma
conjunta, cada uno de los cuales incluye un grupo de acciones específicas. Creemos que
todas estas propuestas requieren un amplio diálogo social que lideren e involucre
activamente a los habitantes de la macrozona sur -y en particular de la Región de La
Araucanía y Provincia de Arauco- así como someterlas a un proceso de consulta indígena
en aquellos casos en que su concreción requiera la dictación de medidas administrativas o
legislativas susceptibles de afectarles directamente.
1. INSTITUCIONALIDAD, ADMINISTRACIÓN Y LEGISLACIÓN
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1.1. Ley N°19.253: Protección, Fomento, Desarrollo de los Pueblos Indígenas e
Institucionalidad
• En el contexto del proceso constitucional, avanzar en la discusión sobre:
a. Reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas.
b. Fortalecimiento de la institucionalidad del Estado responsable del desafío de los
pueblos originarios, como podría ser la creación de un Ministerio de Asuntos
Indígenas en reemplazo de Conadi.
c. Mejoras en la representación de los pueblos indígenas en la esfera de lo público, a
través de opciones como Consejos de Pueblos Indígenas y escaños reservados en el
Congreso Nacional.
• Realizar los cambios para flexibilizar las limitaciones a la propiedad de las tierras
indígenas, sin afectar el principio de inalienabilidad a no indígenas.
• Reemplazar el actual sistema de “compra de predios en conflicto” (art. 20 letra b de la
Ley N°19.253), por un nuevo mecanismo que asegure la sustentabilidad y paz social en
base a las siguientes características, en línea con lo planteado en la llamada Comisión
del Obispo Vargas: (i) que las reclamaciones sean evaluadas por una Comisión especial,
plural y representativa, formada por igual número de indígenas y no indígenas; (ii) que
la evaluación considere como base las tierras ya adquiridas por Conadi, incluyendo la
superficie entregada, las familias y comunidades beneficiadas y su relación con los
títulos históricos invocados; (iii) que las reglas aplicables a este procedimiento aseguren
el principio de no violencia, no discriminación y no discrecionalidad; (iv) que la Comisión
tenga un plazo pre-establecido para recibir las reclamaciones; (v) que con estos
antecedentes la Comisión pueda evaluar cada reclamación en su mérito y formular una
recomendación al Estado sobre si corresponde efectuar algún tipo de reparación y los
modos en que puede efectuarse dicha reparación, incluyendo la entrega de tierras (cuando ello sea posible, si se trata de tierras fiscales o adquiridas por el Fisco) y la posibilidad
de compensaciones monetarias sobre todo cuando las tierras reivindicadas están en
manos de particulares; (vi) que la Comisión establezca en una plazo acotado el catastro
definitivo de tierras y/o compensaciones monetarias cuando corresponda.
• Crear un catastro público digital de las tierras adquiridas con fondos de Conadi para
indígenas, precios pagados, comunidades beneficiadas y comunidades en lista de
espera de compra (aplicabilidad) para otorgar mayor transparencia en el proceso.
• Dictar un reglamento que regule la gestión de las Áreas de Desarrollo Indígena y la
participación de los pueblos indígenas en ellas.
1.2. Ley N°20.249: Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios, ECMPO
• Generar una mesa de diálogo y trabajo con participación de los distintos actores
involucrados en el uso del borde costero.
• Implementar un examen de suficiencia de solicitudes de ECMPO.
• Cumplir plazos de revisión y requisitos de informes frente a solicitudes de ECMPO, con
mejores mecanismos de transparencia en la información de estos procesos.
1.3. Decreto Supremo N°40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente – Reglamento
del SEIA
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• Mejorar aspectos de fondo y procedimentales: revisar la determinación de la procedencia
de la Consulta Indígena en el SEIA, en lo referido a la configuración de la susceptibilidad
de afectación directa, junto con hacer extensivo el recurso de reclamación a quienes
participen del proceso de consulta indígena.
• Realizar los cambios necesarios para evitar que los plazos reales (días corridos) de
tramitación de proyectos puedan alargarse por la aplicación supletoria al procedimiento
administrativo de evaluación ambiental de la medida provisional establecida en la Ley Nº
19.880.
• Aumentar los recursos humanos y económicos para mejorar la gestión y desarrollo de
los procesos de Consulta Indígena.
1.4. Institucionalidad pro convivencia
• Apoyar y validar el rol de las Fuerzas de Orden y Seguridad.
• Promover la efectividad y mejora en los procedimientos policiales.
• Incentivar la eficacia en la investigación penal del Ministerio Público.
• Crear una instancia de consulta ciudadana de temas regionales.
• Agilizar la agenda legislativa de seguridad, orden público y reparación:
a. Proyecto de Ley de Reparación de Víctimas: Contar con una ley especial que
contenga un procedimiento rápido y expedito para reparar a las víctimas de la
violencia rural en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos,
teniendo en cuenta el lucro cesante, daño emergente y daño moral.
b. Proyecto de ley que aumenta penas al delito de usurpación: Modificar los artículos
457 inciso primero y 458 del Código Penal.
c. Fortalecer la fiscalización y sanciones a los delitos de robo y hurto de madera, así
como promover una ley que perfeccione la tipificación de dicho delito.
d. Proyecto de Especialización Policial: Reforzar la orientación de Carabineros y la
Policía de Investigaciones en la prevención y la investigación de hechos delictivos.
e. Proyecto de ley de Control de Armas: Permitir el aumento de las facultades y
capacidades fiscalizadoras de la autoridad en materia de control y tenencia de armas.
f. Crear un nuevo Servicio Nacional de Inteligencia, moderno, integrado y funcional.
g. Proyecto de ley contra el crimen organizado: Modernizar la persecución del delito de
asociación ilícita, establecer incentivos a la delación y facilitar nuevas técnicas
investigativas.
h. Avanzar en el perfeccionamiento de la Ley Antiterrorista y las herramientas de
persecución de este tipo de delitos.
2. INFRAESTRUCTURA Y TERRITORIO
• Propiciar la elaboración, con la participación de la sociedad civil y del sector privado, de
planes regionales de ordenamiento territorial (PROT) en la Región de La Araucanía y el
Biobío que, entre otros, identifique los potenciales productivos y de infraestructura que
tiene la macrozona.
• Desarrollar un plan estratégico de riego priorizando el agua potable rural.
• Desarrollar un plan de electrificación rural y de conectividad digital.
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3. DESARROLLO PRODUCTIVO
3.1. Ruralidad
• Avanzar hacia una política de Zonas de Rezago que incorpore nuevos sectores de la
Región de La Araucanía y de la Provincia de Arauco, y vaya acompañada de fondos
regionales, procedimientos menos burocráticos e incentivos en I+D.
• Promover la exportación de productos de empresas locales y el desarrollo
silvoagropecuario.
• Diversificar las fuentes de financiamiento incorporando mecanismos que posibiliten la
securitización de inversiones de rentabilidad de mediano y largo plazo en el mundo rural;
crear un beneficio especial para forestación de pequeños y medianos productores; y
diseñar instrumentos para fomentar encadenamientos productivos.
• Promover la creación de mesas productivas público-privadas, como instancia de diálogo
entre los municipios y los productores o comerciantes indígenas.
3.2. Alianzas productivas
• Establecer mentorías empresariales, en que grandes empresas de la región transmitan
sus experiencias y conocimientos a emprendedores y pymes locales.
• Promover y poner en marcha proyectos que hoy ya están en desarrollo con las
comunidades mapuches.
• Identificar las brechas operativas y desarrollar herramientas que permitan avances en
las pymes locales.
• Facilitar el acceso a beneficios y subsidios estatales por parte de propietarios de tierras
indígenas, para fines de desarrollo productivo. (Se excluyen terrenos ocupados
irregularmente).
• Generar un protocolo de buenas prácticas de carácter voluntario en las empresas
respecto de su relacionamiento con pueblos originarios.
• Prorrogar la aplicación de la Ley N° 21.207 de donaciones para las micro, pequeñas y
medianas empresas, en particular aquellas en que participen integrantes de pueblos
originarios.
3.3. Emprendimiento
• Crear un modelo agroindustrial a pequeña escala para la agregación de valor a la
producción mapuche y no mapuche de pequeños productores.
• Promover denominaciones de origen y marcas colectivas y territoriales en agrupaciones
productivas mapuches.
• Desarrollar certificaciones (comercio justo, buenas prácticas, productos orgánicos, etc.)
para productos desarrollados por mapuches y no mapuches.
• Implementar un fondo para el desarrollo de productos y servicios mapuches, asociado a
la puesta en valor de su cultura e identidad.
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3.4. Aspectos jurídicos y legales
• Extender en el tiempo los beneficios tributarios a los proyectos de inversión en La
Araucanía y provincia de Arauco.
• Estudiar el establecimiento de beneficios tributarios a las empresas que se desarrollen
en la región y que cumplan con estándares de sostenibilidad social y ambiental.
• Hacer las adecuaciones regulatorias y legislativas necesarias para simplificar -sin relajar
estándares- los procesos administrativos para obtener permisos para ejecutar iniciativas
y proyectos de sustentabilidad y desarrollo social, así como apalancar recursos públicos
disponibles en distintas regulaciones e instituciones con los recursos privados.
4. CULTURA Y EDUCACIÓN
• Desarrollar un plan de educación para profundizar la integración de la historia y cultura
mapuche en los establecimientos de educación preescolar, básica y media.
• Desarrollar un plan de educación para la innovación en escuelas e instituciones técnicoprofesionales, y crear un Fondo Regional de Innovación Educacional en contextos de
pobreza.
• Realizar mejoras en capital humano a través de la educación continua, fortaleciendo la
educación técnico-profesional.
• Fortalecer la educación superior online, de manera que los alumnos puedan estudiar a
distancia en sus comunidades de origen.
• Crear una institucionalidad para el desarrollo asociativo y empoderamiento productivo,
que incluya subsidio Sence al empleo para empresas que se instalen en zonas de
rezago.

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