Corte decide mantener prisión preventiva de Jadue y asegura que conducta del alcalde de Recoleta “reviste mayor reproche”

Como segundo punto en la sala de la Corte de Apelaciones de Santiago estaba la mañana de este miércoles la apelación del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC). El tribunal de alzada revisó la apelación de la autoridad comunal, rechazando la apelación de su defensa y manteniendo la prisión preventiva del alcalde, quien se encuentra con esa medida cautelar desde el 3 de junio.

La apelación del alcalde de Recoleta, ingresada por su abogado Ramón Sepúlveda, fue presentada luego de que el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago decretara su prisión preventiva durante los 120 días que durará la investigación, lo que lo mantiene recluido en la Cárcel Anexo Capitán Yáber… Centro penitenciario en el que se mantendrá según la decisión de la Corte.

Los alegatos de este miércoles estuvieron encabezados por la defensa del alcalde, así como también de la fiscal Giovanna Herrera por parte del Ministerio Público. Entre los querellantes, además, estaba el Consejo de Defensa del Estado (CDE) representado por el consejero Daniel Martorell y por la empresa Best Quality, quien se querelló inicialmente en contra del alcalde de Recoleta por el presunto delito de estafa, hizo lo propio el abogado Mario Vargas.

La decisión del tribunal de alzada fue comunicada por la presidenta de la Cuarta Sala, Jessica González, quien junto al ministro Tomás Gray y la ministra Lillian Leyton escucharon por cerca de ocho horas las alegaciones de las partes en el denominado caso Farmacias Populares, hasta que el tribunal decidió mantener la prisión preventiva a la máxima autoridad comunal.

En la lectura de la resolución, la presidenta de la sala dio por acreditados los delitos imputados, así como también rechazó los argumentos presentados por la defensa del alcalde. “Los antecedentes hasta ahora reunidos en la carpeta investigativa, el contexto aportado por el Ministerio Público en esta audiencia, los elementos de juicio descritos por los intervinientes son suficientes para desvirtuar las alegaciones del recurrente en orden de que Jadue desconocía las acciones delictivas imputadas”.

Lo anterior, argumentó porque existen “indicios suficientes del concierto entre los diversos partícipes del actuar delictual y en segundo término porque igual los antecedentes llevan a presumir fundadamente que intervino desde su posición predominante tanto como alcalde de la Municipalidad de Recoleta como de la presidencia de la Achifarp”.

Respecto a los argumentos de la defensa del alcalde, González aseguró que sostenía una tesis alternativa, la cual se “construye sobre la base de una apreciación parcial de la evidencia reunida en la carpeta investigativa soslayando los antecedentes de diversa naturaleza que han sido pormenorizado en las distintas etapas de este procedimiento acorde al estado de la investigación penal”.

Fundando la necesidad de cautela, la presidenta de la Cuarta Sala de la Corte afirmó que el tribunal de alzada comparte “los fundamentos contenidos en la resolución que se revisa, por cuanto la jueza analiza los criterios de peligrosidad social (…) todo lo cual permite concluir que estos antecedentes calificados determinan que la única medida que resulta proporcional a los fines del procedimiento es la prisión preventiva”.

Por último, la ministra aseguró que la Corte “no puede dejar de advertir que la conducta del imputado Jadue reviste aún mayor reproche si se considera su función actual de autoridad máxima de la Municipalidad de Recoleta y en cuya virtud ejecutó los hechos punibles que ahora son objetos de persecución penal, especialmente si siempre tuvo poder de decisión tanto en la Achifarp como en la entidad edilicia más si este fue creador y principal dirigente de la asociación”.

Tras la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, el fiscal Marcelo Cabrera aseguró que “la Corte viene a corroborar lo que se había resuelto en primera instancia. Y la verdad es que nosotros seguimos con la investigación de lo que queda de estos 120 días e ir afinando, digamos, algunos detalles que quedan tanto en la investigación como algunos temas que surgieron producto de la misma”.

La defensa del alcalde por su parte, representada por el abogado Ramón Sepúlveda señaló que “naturalmente no estamos conforme con la resolución, creemos que la Corte entrega los mismos fundamentos que el juzgado de garantía sin una serie de antecedentes, creemos, que desvirtúan las imputaciones sin dar razón además de por qué otra medida cautelar como el arresto domiciliario no podría afectivamente cumplir que los mismos fines que la prisión preventiva. Creemos que es infundada, injustificada y vamos a ejercer las acciones que correspondan para poder cambiar a la brevedad posible la medida cautelar de Daniel Jadue“.

El abogado Christian Espejo, quien representa al exconcejal Mauricio Smok, querellante en el caso, por su parte afirmó que la resolución “demuestra, confirma, hay una verdad judicial en este caso, que el proceder del señor Jadue es delictivo, estando como alcalde. Y además, él, en su condición de alcalde, constituía un peligro para la seguridad de la sociedad, particularmente por la reiteración de su conducta delictiva, actuando como alcalde y como presidente del directorio de Achifarp”.

Mario Vargas, querellante por la empresa Best Quality, destacó que “la justicia ha operado. Tenemos la convicción de que no va a variar la circunstancia de prisión preventiva hasta el juicio oral, donde tenemos la convicción de que el señor Jadue va a ser condenado”.

Tras el fin de la audiencia, además, adherentes de Jadue compartieron una carta que envió el alcalde de Recoleta desde la cárcel. “Hoy quiero hacer un llamado a redoblar los esfuerzos para defender el proyecto de Recoleta por un Chile más justo donde nadie se quede atrás. Debemos seguir corriendo el cerco de lo posible, evitando que la derecha llegue a destruir todo lo avanzado”, señaló el alcalde que se mantendrá en prisión preventiva.

Para llegar a esa decisión, la Corte primero escuchó los alegatos de las partes. Uno de los primeros fue el abogado Sepúlveda, quien estimó que como defensa, la prisión preventiva era “injustificada y desproporcionada”.

Seguido de eso, el abogado del alcalde de Recoleta argumentó que “todos los antecedentes expuestos en la formalización por el Ministerio Público y de los querellantes, no se permite acreditar la existencia de los delitos por los cuales se ha formalizado a la ley. Y, además, estimamos que no se permite, con los antecedentes expuestos, arribar a presunciones fundadas respecto de su participación”.

Entrando a detallar las alegaciones por cada uno de los cinco delitos que se le imputan al alcalde de Recoleta, Sepúlveda apuntó -al igual que en la audiencia de formalización- que no se configura el delito de administración desleal en que Jadue encabezara la asociación. “No es real que existan antecedentes que permitan sostener que Daniel Jadue tenía la administración de esta asociación. Todos los testigos que trabajaban en Achifarp declaran que el que tomaba las decisiones de vender al público, de comprar la camioneta, de comprar insumos médicos era Matías Muñoz porque él era el gerente de esta empresa”, agregó el abogado.

Sepúlveda también apuntó a que “Daniel Jadue en todo este proceso no ha tenido un antecedente que permitan sostener que él tuvo algún beneficio económico. Más adelante en su alegación, el abogado del alcalde Jadue aseguró que “hay una similitud con Cathy Barriga, ese caso y el alcalde de Recoleta, comparado con todos los otros alcaldes que han sido formalizado. Ni Cathy Barriga ni el alcalde de Recoleta tienen un peso en el bolsillo y lo que la Fiscalía cuestiona son decisiones administrativas y actos administrativos que se van a ver en un juicio oral”.

Sepúlveda había pedido decretar la medida cautelar de firma y arraigo, además de prohibición de acercarse a la Municipalidad de Recoleta. Si no, arresto domiciliario total o parcial.

Al igual que la defensa del alcalde, por más de una hora la fiscal Herrera tomó la palabra para presentar sus argumentos para que la Corte mantuviera la prisión preventiva de Jadue.

La persecutora afirmó en un inicio que la resolución de la jueza, el 3 de junio, cuando se decretó la prisión preventiva, está fundada. “La magistrada se hace cargo de cada uno de los hechos de la formalización, la cual duró tres días, donde se expusieron todos los antecedentes que constan en la carpeta de investigación la que cuenta con numerosa prueba, más de 30 levantamientos de secreto bancario, con más de 200 declaraciones, más de 50 informes periciales y policiales, informes contables. Toda esa prueba se relató en esos días”, afirmó.

En esa línea, Herrera insistió sosteniendo que a juicio de la Fiscalía la resolución del tribunal “es totalmente fundada, la magistrada se hace cargo de todos los delitos que fueron formalizados, los cuales acredita, descarta versiones y pruebas que señala la defensa, da fundamentos de por qué la descarta, acredita con medios específicos de cómo llegó a la convicción de que existen antecedentes suficientes para acreditar. Por lo tanto, la alegación de las defensas, solicito que sea rechazada”.

En su alegación, la fiscal expuso los argumentos del Ministerio Público para sostener que se debía mantener la prisión preventiva del alcalde, reiterando los antecedentes por los delitos de fraude al Fisco, administración desleal, cohecho, delitos concursales y estafa.

Ya terminando su comparecencia, la persecutora afirmó que durante la administración del alcalde Jadue “se afecta el patrimonio de la Municipalidad de Recoleta para financiar y dar liquidez a Achifarp en el año 2021, ya sabemos que anteriormente fue por el móvil electoral, evitar que esto se supiera y se sacó este dinero de esta forma fraudulenta y cuando ya llega la liquidación forzosa tenemos que ocultar la fábrica de prótesis auditivas instalada en la municipalidad donde los sueldos los pagaba la Achifarp, donde la maquinaria era de la Achifarp y que solo prestaban servicios a Recoleta, un poco para que entiendan que esta lógica que la Achifarp funcionaba para el alcalde Daniel Jadue”.

Por último, la fiscal especialista en delitos económicos afirmó que existe una necesidad de cautela, es decir, de la prisión preventiva de Jadue debido a la gravedad de los delitos que se la acusa, el carácter y número de estos además de las penas que arriesgan los imputados.

Pero no sólo eso, Herrera concluyó que también se debe ponderar “el carácter de cómo ocurrieron estos delitos, en tiempos de pandemia, la pérdida de recursos que eran esenciales para la salud de la población hace aún más grave estos hechos”.