Eficiencia hídrica en megasequía: lecciones de la eficiencia energética

El 44% de los problemas asociados a riesgo hídrico en las cuencas de Chile se originan por fallas en la gestión del agua y su gobernanza, según señala un estudio publicado en 2019 por Fundación Chile, a través de su iniciativa Escenarios Hídricos 2030. En esa misma línea, en marzo de 2021, 188 comunas del país alcanzaron un punto crítico, al estar bajo decreto de escasez hídrica por parte de la Dirección General de Aguas (DGA), afectando a 8,9 millones de personas.

La implementación de una buena ley de eficiencia hídrica permitiría reducir la demanda excesiva de agua, impulsando no sólo un adecuado y moderado uso en las organizaciones e industrias, sino que también un mejor manejo en el consumo personal, iniciativa que se debería enmarcar en el proceso de «transición hídrica justa» que anunció el actual Gobierno.

Para lograr ese objetivo, es fundamental subir el estándar del actual proyecto de ley de Eficiencia Hídrica (EH), que se encuentra en discusión en el Parlamento, y una forma de identificar puntos de mejora es comparándolo con la recientemente implementada ley de eficiencia energética (EE).

El proyecto de ley de EH no incorpora un plan de acción nacional, cómo sí lo hace la ley de EE. Si se igualara la meta de reducción de intensidad hídrica a un 4%, al 2025 lograríamos aportar más agua que los 26 embalses que están anunciados desde 2019 por el MOP. Por otra parte, el proyecto sólo considera la medición de eficiencia y huella hídrica mediante una auditoría externa ante la DGA cada dos años, junto con enviar anualmente un informe con los consumos de agua. Sin embargo, ¿qué pasa con las organizaciones e industrias con grandes consumos, ubicadas en zonas de escasez hídrica? ¿No se mandatará implementar por lo menos un sistema de gestión de mejora continua, como sí lo hace la ley de eficiencia energética?

La ambición regulatoria de nuestro país en materia climática no puede ser dispar entre los recursos hídricos y energéticos. En ese sentido, es clave mandatar a las organizaciones ubicadas en comunas críticas y con mayores consumos para que implementen sistemas de gestión hídrica permanentes, como sí lo hace la Ley de EE mediante la Norma ISO 50.001, evitando así futuros consumos y sobredimensionamiento de obras para nuevas fuentes de agua.

Es por este motivo que hacemos un llamado a ser más ambiciosos y exigentes en la discusión sobre la ley de eficiencia hídrica y repensar las indicaciones sustitutivas que presentó el Gobierno, para alcanzar -a lo menos- el estándar aprobado hace sólo un año para la ley de eficiencia energética.

Con ese panorama y en un contexto de sequía que se extiende por más de 13 años, tenemos una gran oportunidad para avanzar en los objetivos país en torno al agua y, al mismo tiempo, alinearnos internacionalmente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS 6) vinculados al agua limpia y saneamiento, que buscan aumentar sustancialmente la eficiencia del uso del agua en todos los sectores.

Hay que ser más ambiciosos y exigentes en la discusión sobre la ley de eficiencia hídrica. Chile puede (y debe) ser un referente en la protección de los recursos críticos para la ciudadanía, mediante acciones que proporcionen un futuro sostenible del agua y la energía.